Imputados

760909115_f03c808b82_bRecogía ayer El Pais, en una entrevista, la opinión del expresidente Felipe González de que “es un error excluir a todos los imputados de las listas”, y se unía a la reflexión y a esa misma linea de pensamiento, la editorial del periódico, haciendo ambos referencia a la “presunción de inocencia”.

Comete el error, el señor González, de identificar la presunción de inocencia jurídica, que es una garantía constitucional y uno de los elementos más sagrados de nuestro sistema de justicia, con la falta de responsabilidad en el contexto político, que es un concepto completamente diferente.

Y es que, lo que deben entender tanto el señor González como los partidos políticos en general y algunos medios de comunicación, es que la población española puede, debe y por fin comienza, y ya iba siendo hora, a establecer unos límites distintos para la responsabilidad política frente a la responsabilidad judicial. Está comenzando a exigir unos niveles de asunción de responsabilidades a los que nuestros políticos no están acostumbrados. De ahí su comprensible confusión.

Es triste que haya sido este clima de corrupción desatada, esta imagen de impunidad y de doble vara de medir, la que haya hecho reaccionar a una sociedad que empieza a exigir que el político, además de ser honesto, algo exigible a todos los ciudadanos, tenga un comportamiento ejemplar. Es triste que haya pasado tan tarde, pero esperanzador, sobre todo, que haya pasado.

Es decir, que si uno es político y gestiona el dinero y los entes públicos, no basta con ser un ciudadano honesto, es que además hay que tener un comportamiento ejemplar.

Vamos, que no puede uno estacionar en prohibido y luego escapar de la policía. No.

Porque, desde el punto de vista jurídico, podrán ser iguales todos los ciudadanos, pero, en el ámbito político, en el nivel de la responsabilidad de gestión de lo que es de todos, no debe estar el político al nivel del ciudadano; debe estar, debe exigirsele que esté, muy por encima. El nivel de exigencia ética, de ejemplaridad a la hora de actuar y de comportarse debe ser el más alto exigible, porque usted, señor, representa y es imagen de y para todos los ciudadanos del país.

Debemos recordar que la figura del político, del gestor de lo público, es la de un servidor de la sociedad y que aunque sus servicios deben ser compensados, es la sociedad la que debe decidir el nivel de exigencia aplicable a un político y su capacidad para actuar de una forma ejemplar y gestionar de forma transparente y de forma que inspire confianza.

El término imputado designa, jurídicamente, a todo aquel al que se le atribuye la participación en un delito o está siendo investigado por un delito o por su relación con un delito y, generalmente, aunque no siempre, cuando existen indicios suficientes de que la persona imputada guarda algún tipo de relación con el delito. Designa, por tanto, a un persona que ha fallado en su labor de gestión, ya sea porque existen indicios de que ha cometido un delito o bien porque existen indicios de que ha permitido que se cometa un delito mientras el estaba al cargo de la gestión.

Hablando de Chaves y Griñan, no entremos ya en Barcenas y compañía, no se trata solo de si conocían o no conocía, de si tomaron parte o no tomaron parte conscientemente. Ustedes están imputados porque todo esto pasó debajo de sus narices, estuvieran ustedes implicados o no que es algo que aún queda por probar y para lo que tienen ustedes todas las garantías de la presunción de inocencia. Pero a nivel político, a nivel de ejemplaridad, altura ética y, sobre todo, capacidad de gestión, no han estado a la altura.

Y por tanto si, se pueden pedir responsabilidades, se puede pedir que dicha persona sea apartada de la gestión pública.

Intenta argumentar el señor González y el artículo del país, que los jueces pueden, con una decisión arbitraria por lo visto, bien conformar las propias listas electorales, bien “llevar a la muerte civil al afectado”. Pareciera que estamos ante un caso de conspiración en el que los jueces, movidos por sus inquinas motivaciones partidistas, están dispuestos a jugarse el puesto de trabajo para apartar de las listas electorales a un determinado candidato.

Habría que recordarle al expresidente que, en primer lugar, ya no estamos en esa España post franquicia y, por lo tanto, la justicia y la actuación de los jueces es mucho menos propensa a esas conspiraciones que el parece ver. Habría que recordarle también que cuando se producen, no es la justicia la que interfiere en el poder político, sino siempre, el poder político (no el económico que prefiere corromper al poder político) el que utiliza la justicia para desestabilizar el juego, negando en si mismo el principio de la separación de poderes. Y por último quizá habría que dejar claro que uno no debe legislar basándose en aquellos que pueden romper la ley, es decir, no puedo permitir que vayan imputados argumentando que algunos jueces quizá se salten la ley y los imputen.

Y habría que recordarle de nuevo a El País que la política es ente al servicio a la sociedad (el debate de si está bien pagado o no lo dejaremos para otro artículo) y no una vida civil. Que el político, cuando no sirve ya a la sociedad, deberá dedicarse a otra cosa (como por otro lado hacemos todos a fin de cuentas) y no debe esperar vivir toda su vida del erario público como un derecho sino como un trabajo más, y como tal, una función que quizá algún día deje de realizar.

No es un derecho del político ejercer y por tanto no ir en la listas electorales tampoco es su muerte civil sino sencillamente el fin de su servidumbre para con la sociedad, porque ha perdido nuestra confianza y, como siempre que se pierde la confianza, tendrá que recuperarla. Estense tranquilos, otros ocuparan su lugar.

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